El deber de diligencia del consumidor en el ámbito de la prestación de servicios educativos

Abstract

La ley N° 27665 - Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados ha generado desde su vigencia una tasa de morosidad alarmante en los centros educativos que ofrecen el servicio de educación primaria y secundaria del sector privado. Ello se debe a que no se puede impedir el derecho de inscripción de la matrícula, el ingreso al centro educativo, ni mucho menos condicionar el rendimiento de las evaluaciones a los menores de edad, pese a que sus padres mantengan deudas con las instituciones educativas por el retraso en el pago de las pensiones, dado que se entiende a estos actos como una afectación al derecho a la educación del niño y el adolescente. Este escenario ha fomentado en los padres de familia una conducta irresponsable y sobre todo, un perjuicio directo a los centros educativos que, si bien tienen como prioridad la enseñanza y la formación académica de las personas, no dejan de ejercer la actividad empresarial para poder ofrecer un servicio educativo de calidad. Por este motivo, en esta investigación se ha realizado un análisis sobre la prestación del servicio educativo desde la perspectiva de la libertad de empresa y del consumidor diligente, a fin de dar solución a la problemática de morosidad actual que atraviesan las instituciones educativas privadas.