La incautación de vehículos por el presunto delito de contrabando y la vulneración del derecho a la propiedad

Abstract

El presente trabajo de investigación estudia en la incautación de vehículos por el presunto delito de contrabando, siendo un tema controvertido que considera se vulnera el derecho la propiedad. Sin embargo, esta medida puede generar conflictos legales y cuestionamientos éticos. En muchos casos, los propietarios de los vehículos incautados no tienen conocimiento del contrabando y son compradores de buena fe. Estas personas pueden enfrentarse a la pérdida de su propiedad sin una compensación adecuada, lo que plantea dudas sobre la protección de sus derechos. Ante esta problemática, se propone una Lege Ferenda que proteja el derecho a la propiedad del tercer comprador de buena fe frente a la incautación de su vehículo, siendo capaz este de solicitar la indemnización por daños y perjuicios por los hechos acontecidos. Esta medida busca establecer mecanismos justos y transparentes que eviten la incautación arbitraria de vehículos y promuevan la responsabilidad compartida en la prevención del contrabando. Bajo esta propuesta, se establecería que los compradores de vehículos usados están obligados a verificar si existe algún gravamen aduanero pendiente de pago. En caso de que se encuentre una deuda, se establecerían mecanismos para facilitar su pago y evitar la incautación del vehículo. Asimismo, se deberían establecer procesos transparentes y justos para determinar la buena fe del comprador y su falta de conocimiento sobre el contrabando.

The present research is based on the seizure of vehicles for the alleged crime of smuggling, which is a controversial issue that raises questions about the violation of property rights. However, this measure can generate legal conflicts and ethical concerns. In many cases, the owners of seized vehicles are unaware of the smuggling and are innocent buyers. These individuals may face the loss of their property without adequate compensation, which raises doubts about the protection of their rights. In response to this issue, a proposed law, Lege Ferenda, is suggested to protect the property rights of the third-party bona fide buyer from the seizure of their vehicle, enabling them to seek compensation for damages incurred. This measure aims to establish fair and transparent mechanisms that prevent arbitrary seizure of vehicles and promote shared responsibility in preventing smuggling. Under this proposal, buyers of used vehicles would be required to verify if any outstanding customs duties exist. In case of a debt, mechanisms would be established to facilitate payment and avoid vehicle seizure. Moreover, transparent and fair processes should be implemented to determine the buyer's good faith and lack of knowledge about smuggling.