El derecho a la reparación de los familiares de las personas desaparecidas en el Perú (1980-2000)

Abstract

Esta tesis se centra en estudiar el delito de desaparición forzada en Perú durante el conflicto armado interno (1980-2000), que produjo alrededor de 70.000 víctimas mortales y más de 20.000 desaparecidos. En el primer capítulo, después de definir en qué consiste el crimen de desaparición forzada estudiaremos cuáles son los derechos vulnerados de los ciudadanos peruanos que han sido afectados por dicho delito. En el segundo capítulo de la tesis, definiremos el derecho a la reparación de las víctimas y especialmente de los desaparecidos. A tal fin tomaremos en consideración las recomendaciones de la Comisión de Verdad y de la Reconciliación (CVR) y averiguaremos de qué manera el Estado peruano las ha acogido en su ordenamiento jurídico mediante posibles reformas institucionales. En concreto, examinaremos la legislación que regula la ausencia por desaparición forzada, aquella que instituye el Plan Integral de Reparaciones y la ley de búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia de violencia 1980-2000. En el tercer capítulo examinaremos cuales han sido las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para que el Estado peruano implemente las medidas sugeridas por la CVR y cuáles fueron los principales mandatos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nuestras conclusiones son que la reparación de las víctimas no consiste solo en una reparación económica a los familiares sino en poder garantizarles el derecho a la verdad, a la justicia y la garantía de no repetición de tales hechos. El derecho a la verdad implica localizar el paradero de las personas desaparecidas, identificarlas, exhumarlas y entregar sus restos mortales a sus familias. El derecho a la justicia no solo consiste en identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes sufridos sino también en reparar a las víctimas, reconociendo las injusticias sufridas. Sin embargo, para que el Estado peruano pueda llegar a garantizar dichos derechos debería ejecutar las sentencias de la CIDH, llevando a cabo reformas institucionales y legislativas clave para garantizar tales derechos. Una de ellas es adecuar el art. 320 del Código Penal peruano sobre la desaparición forzada a los estándares internacionales.