Criterios que debe considerar el juez, para determinar el descuento de retención judicial por alimentos en beneficio del alimentista

Abstract

La investigación tiene como propósito identificar y proponer criterios que los jueces deben considerar para determinar el descuento de retención judicial por alimentos en beneficio del alimentista, asegurando una pensión justa y adecuada. Se empleó un enfoque cualitativo de carácter básico y dogmático jurídico, basado en la revisión y análisis de normas, doctrina y legislación comparada de Perú, Chile, Ecuador, Colombia y España. El estudio evidenció que, en Perú, aunque la ley contempla considerar la totalidad de los ingresos del obligado, en la práctica judicial solo se toma en cuenta el sueldo base, lo que limita la protección efectiva de los derechos del alimentista. A través de la comparación internacional y el análisis de vacíos normativos, se concluyó que es necesario establecer criterios claros que incluyan todos los conceptos de ingreso, respetando los principios de interés superior del niño y proporcionalidad. Esto permitiría fortalecer la seguridad jurídica y garantizar pensiones alimenticias acordes con la capacidad económica real del obligado, contribuyendo así a un sistema de protección alimentaria más justo y equitativo.The purpose of this research is to identify and propose criteria that judges should consider in order to determine the judicial withholding discount for alimony in favor of the provider, ensuring a fair and adequate pension. A qualitative approach of a basic and dogmatic legal nature was used, based on the review and analysis of norms, doctrine and comparative legislation of Peru, Chile, Ecuador, Colombia and Spain. The study showed that, in Peru, although the law contemplates considering the totality of the obligor's income, in judicial practice only the base salary is taken into account, which limits the effective protection of the rights of the obligor. Through international comparison and the analysis of regulatory gaps, it was concluded that it is necessary to establish clear criteria that include all income concepts, respecting the principles of the best interest of the child and proportionality. This would make it possible to strengthen legal certainty and guarantee alimony payments in accordance with the real economic capacity of the obligor, thus contributing to a fairer and more equitable food protection system.