Criterios para la determinación de la responsabilidad penal del tercero favorecido en el delito de negociación incompatible

Abstract

Este trabajo tiene por finalidad Determinar los criterios de responsabilidad penal del tercero favorecido en el delito de negociación incompatible, a través de la jurisprudencia nacional y la doctrina, a fin de uniformizar las decisiones tomadas por las distintas instancias y justificar la necesidad de estos en la emisión de distintos fallos en instancias judiciales; para lograr tal objetivo se ha empleado una metodología centrada en el análisis doctrinario, tanto nacional como internacional, y a su vez, se analizó las distintas jurisprudencias nacionales, mismas que nos proporcionan las posturas diversos de los magistrados, a fin de visibilizar la problemática actual respecto a la falta de uniformidad en la emisión de los referidos fallos en las distintas instancias judiciales. En ese sentido, se justifica la necesidad de establecer criterios que permitan reunir las condiciones básicas que debe poseer el tercero para que se incluya en el mismo proceso penal y de esta forma, tenga responsabilidad solidaria con el autor; ello permitirá que los procesos penales sean más céleres y eficaces, además de asegurar una lucha contra la impunidad penal de los conocidos extraneus en los delitos de corrupción de funcionarios.

The purpose of this work is to determine the standards of criminal liability of the favoured third party in the crime of incompatible negotiation, through national jurisprudence and doctrine, in order to standardise the decisions taken by the different instances and justify the need for these in the issuance of different rulings in judicial instances; In order to achieve this objective, a methodology centred on national and international doctrinal analysis was used, and in turn, the different national jurisprudences were analysed, which provide us with the different positions of the magistrates, in order to make visible the current problem with regard to the lack of uniformity in the issuing of the aforementioned rulings in the different judicial instances. In this sense, it justifies the need to establish criteria that allow the basic conditions to be met that the third party must possess in order to be included in the same criminal process and thus have joint and several liability with the perpetrator; this will allow criminal proceedings to be faster and more efficient, as well as ensuring a fight against the criminal impunity of the known extraneus in the crimes of corruption of public officials.